Los buenos resultados de la experiencia piloto del Gabinete Psicosocial de la Ciudad de la Justicia de Valencia avalan la iniciativa tomada por la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública
La consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que su departamento pretende extender el servicio de coordinación de parentalidad a todos los juzgados de familia de la Comunidad Valenciana.
El programa piloto de la Consejería de Justicia valenciana se puso en marcha en mayo de 2017, tras la iniciativa de la directora del Instituto de Medicina Legal, Elvira Garrido.
Durante este tiempo se han atendido 15 familias y un total de 25 menores, según han informado desde la Consejería. Todas presentaban un nivel de conflicto elevado y tenían que hacer frente a numerosos litigios. La mayoría de menores de estas familias, además, sufrían desajustes emocionales y algunos de ellos, incluso, mostraban un rechazo alarmante hacia el padre o la madre que no tenía la custodia; así como otros problemas en el ámbito personal, social y escolar.
Bravo ha recordado que hay procesos de divorcio “que se enquistan hasta entorpecer el trabajo cotidiano de los tribunales, a los que inundan con escritos para que la pareja no asume que deben seguir siendo padres y madres, aunque ya no haya relación sentimental entre estos”.
En este sentido, ha explicado la consejera de Justicia, “nuestro programa piloto también ha dado magníficos resultados porque el tiempo de resolución de estos expedientes. De media, ha sido de diez meses y medio, y los indicadores internacionales establecen que la duración óptima de un proceso de estas características debe durar, como máximo, entre 18 y 24 meses”.
“La coordinación parental no está para solucionar los problemas de una pareja después de su separación, sino que actuará siempre, por mandato judicial, con el interés superior del menor como eje, lo que lleva al principio de no neutralidad porque siempre se tomará partido por los niños y niñas”, ha añadido, Gabriela Bravo.
Para la consejera, medidas como ésta tienen como objetivo último “mejorar nuestra Administración de Justicia mediante la adquisición o el perfeccionamiento de nuevos conocimientos y experiencias que siguen la excelencia en las prestaciones y que se traducen en un mejor servicio a la ciudadanía“.
