El pasado 28 de marzo de 2019 dábamos la bienvenida al Informe favorable del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de impulso de la mediación. Eran varias las observaciones que allí se hacían, entre las que destacaban fundamentalmente tres.
- La primera, en defensa de la conveniencia y constitucionalidad de la “obligatoriedad mitigada” en mediación, aboga por la necesidad de ir más allá del tímido planteamiento normativo del Anteproyecto proponiendo acometer una reforma más profunda e integral de la mediación en nuestro país que la actualmente referida en el citado texto legal.
- La segunda se centra en la necesidad de aprobar medidas que garanticen una “implicación real, efectiva y coordinada de las instituciones responsables de la mediación y un mayor compromiso”, tanto de los jueces y magistrados, como de las administraciones competentes en la materia.
- Y la tercera intenta reducir a seis meses la desproporcionada vacatio legis, tres años, contemplada en el actual Anteproyecto.
Estamos de acuerdo con el Dictamen en su integridad y, en particular, con estas medidas pero todo ello vuelve a poner encima de la mesa el constante complejo de la mediación en el Estado español o, parafraseando al entorno comunitario, lo que podríamos denominar: “La paradoja española de la mediación”. Paradoja patria en la que los esfuerzos normativos, si bien son extraordinariamente recibidos y crean motivos de esperanza e ilusión, dan pie, a su vez, a una cierta desconfianza (evidenciada en el auto boicot de esta vacatio legis) y ni son todo lo completos que debieran, ni logran el despegue de la mediación en la práctica. En la contradicción aparente de nuestro particular gatopardismo ibérico donde parece que si queremos que toda siga como está, es necesario que todo cambie.
¿Seguirá existiendo entonces en España una exigua práctica de la mediación a pesar de los cambios normativos? El tiempo de la mediación corre a contrarreloj. Algunas contradicciones sólo parecen serlo, ya que lo que afirman es realmente cierto o falso, por lo que se consideran verdaderas paradojas, mientras que otras dependen de su interpretación para ser o no paradójica, pero en todo caso, representan una aparente contradicción que es evidente en el ámbito de la mediación. La solución a la paradoja consiste precisamente en la imposibilidad de hacerlo centrados en la verdad/falsedad de ambos planteamientos: “La apuesta normativa por la mediación” vs. “El número de mediaciones en España”. La solución parte de comprenderlo en su integridad, transversalidad y complejidad y, de ahí, coordinar decididamente todos los medios: normativos, prácticos, institucionales, administrativos, formativos, etc., para procurar que esta paradoja no sea indefinida y no acabe en simple y llana contradicción.
Marta Gonzalo Quiroga: «es el momento de realizar una verdadera reforma más profunda e integral»
Son ya más de veinte años los que llevo trabajando por la mediación en España, fuimos de las primeras en introducir este método en nuestras enseñanzas universitarias y han sido muchos los esfuerzos y sacrificios realizados en pro de la mediación. De ahí que considere un avance positivo los cambios previstos y defienda que el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación entre en vigor, cuanto antes e incorporando las propuestas de mejoras señaladas por varias instituciones (CGPJ, GEMME España, CUEMYC…), pero insisto en subrayar que es el momento de realizar una verdadera reforma mucho más profunda e integral.
Estamos ante una regulación necesaria, pero no suficiente de la mediación en España. No importa tanto cambiar la norma, como el compromiso real de trascender del estricto planteamiento normativo aprobando medidas que garanticen una implicación real, efectiva y coordinada de las instituciones responsables de la mediación exigiendo un mayor compromiso tanto de jueces y magistrados como de las administraciones competentes en la materia, Universidades incluidas, reclamando, siguiendo al CGPJ, una reforma más profunda seria e integral, coordinada y con una apuesta real y presupuestaria que coordine “políticas públicas capaces de crear un sistema que garantice el acceso de los ciudadanos a la Justicia”, a través de la mediación y otras prácticas normativizadas y alternativas. Dejar de seguir alimentando nuestra particular paradoja patria de la mediación y que, efectivamente, los avances normativos se traduzcan en un incremento cualitativo y cuantitativo de las mediaciones en España, en una renuncia consciente del lampedusianismo ibérico de “cambiar todo para que nada cambie”, algo que no nos podemos permitir en materia de mediación.
Marta Gonzalo Quiroga marta.gonzalo@urjc.es
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular en la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en Métodos alternativos de solución de conflictos. Directora del Título Propio de “Experto en Mediación” de la URJC. Directora de varios Proyectos de Investigación y Doctorados en Mediación y Solución de Conflictos. Autora de más de un centenar de publicaciones científicas dedicados al Arbitraje, la Mediación y los ADR/MASC. Formadora en mediación y conferenciante habitual en foros nacionales y extranjeros, universidades, escuelas de negocios, colegios de abogados y cámaras de comercio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Irlanda, México, Panamá, Reino Unido y Turquía.
