Varios magistrados y juristas han promovido la ‘Declaración de Madrid sobre la mediación’, donde se establecen unas reglas y unas recomendaciones para que la mediación se haga realidad
La ‘Declaración de Madrid sobre la mediación’ es un decálogo realizado por varios y varias magistradas y juristas con el objetivo de apoyar públicamente este sistema de resolución de conflictos. La declaración está dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
El decálogo define la mediación como “un mecanismo complementario o alternativo a la justicia formal”. Además, los juristas y magistrados que componen el equipo que ha promovido esta declaración, aseguran que “la mediación se sustenta legítimamente en el principio universal de Justicia” y que “da respuesta a la ciudadanía de forma rápida y eficaz”.
La ‘Declaración de Madrid sobre la mediación’ defiende que “los Estados están obligados a favorece las fórmulas alternativas de resolución de conflictos basadas en la mediación”. Ello lo tienen que hacer a través de “políticas públicas conducentes a institucionalizar un sistema de Justicia garantista y eficaz”.
En el decálogo defienden también la valía de los profesionales del derecho como mediadores, tanto en la función negociadora como en la supervisión en la mediación intrajudicial. La especialización en las diferentes ramas es también una de las peticiones. El objetivo es realizar las prácticas adecuadas en cada materia.
Esta declaración surge en un seminario de la Escuela Iberoamericana de la Universidad Carlos III de Madrid llamado ‘El papel de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, en el marco de una democracia jurídica renovada’.
Algunos de los profesionales que suscriben la declaración son Lourdes Aresety Sahún (magistrada de lo Social del Tribunal Supremo); Álvaro Cuesta (abogado y vocal del CGPJ); Pedro Crespo (fiscal de Sala del Alto Tribunal); Victoria Ortega (abogada y presidenta del Consejo General de la Abogacía Española) o Pascual Sala (abogado, expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional)