Cientos de demandas están a la espera de ser resueltas por el alto tribunal, mientras el Gobierno y PSOE diseñan un mecanismo de mediación obligatorio entre consumidores y bancos que sería aprobado por decreto-ley para evitar la avalancha de miles de demandas.
Mediación por decreto-ley
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afecta a cerca de tres millones de consumidores particulares. El Gobierno y el PSOE quieren evitar una avalancha de demandas, por lo que negocian a contrarreloj un mecanismo de Mediación obligatorio para que bancos y consumidores traten de llegar a un acuerdo y evitar la judicialización de los pleitos, además de gastos de abogados y procuradores.
Esta mediación obligatoria sería aprobada por Decreto-Ley este viernes, según las negociaciones abiertas este jueves. Las discrepancias serían las que acabarían en los tribunales.
Nadie ha calculado aún cuántas demandas hay en estos momentos en los tribunales. Se estima en unas 9.000 mensuales las que entran en los juzgados de lo mercantil. Sólo un juzgado de Barcelona ha llegado a recibir 900 demandas cada mes.
El Gobierno siempre ha ido a la zaga de las resoluciones del TJUE, cuando no ha actuado a favor de los bancos, como ha sido la tesis de la Abogacía del Estado ante Europa a cuenta de la retroactividad de las cláusulas suelo.
