La nueva situación creada debido a la pandemia COVID 19, sin duda ha afectado a un sector muy vulnerable por la esencia misma de los usuarios de los centros y además ha golpeado duramente a los gestores , personal sanitario y cuidadores en general
Ciertamente ahora se están centrando los esfuerzos y la contención del virus y en el mantenimiento desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, una vez se haya resuelto este aspecto y se haya superado el nivel de afectación del virus, las residencias como cualquier colectivo y entidad en la que se interrelacionan diferentes agentes sociales, tendrá que lidiar con las numerosas reclamaciones, tanto de familiares de los usuarios, como de proveedores, como financieros sin olvidar las diferentes situaciones que puedan darse por parte del personal laboral.
Todo esto unido a un colapso ingente de demanda y denuncias en el ámbito de nuestra Justicia puede suponer un menoscabo más a sumar desde el punto de vista económico y de gestión. Que sin duda va a suponer, para los directores y gerentes de dichos centros, una sobrecarga de esfuerzo y presión añadida, por ello en estos momento y para afrontar estas situaciones.
Dichos centros deben contar con un consultor de análisis y gestión de conflictos, que permita contener en la medida de lo posible las futuras reclamaciones, que cuentan con unos procedimiento alternativos de resolución de conflictos, acorde con cada conflicto y que mejore la calidad de la solución para todos los intervinientes en el mismo.
Afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico y en concreto nuestro sistema judicial cuenta con este tipo de procesos, con absoluta eficacia y seguridad jurídica, análoga a una resolución judicial.
Desde la escuela de mediación y resolución de conflictos queremos informas e impulsar estas medidas de implantación para la mejora de los centros de residencias de mayores, que tan necesarias son en estos momentos.
