Desde Diario de Mediación apoyamos la opinión de GEMME España, por el daño que se está realizando a la mediación y a mediadores/as.
Para la Junta Directiva de GEMME España resulta desafortunada la elección del nombre “Caso Mediador” para la trama de presunta corrupción que es noticia estos días, ya que contribuye a confundir a la opinión pública sobre la profesión de mediador centrada en ayudar a las partes en conflicto a gestionar sus divergencias de forma pacífica y, por supuesto, dentro de la legalidad.
Desde hace días asistimos al reguero de noticias y comentarios surgidos en torno a una presunta red delictiva ligada a actos de corrupción. El asunto contiene abundantes elementos que sazonan el interés público, fundamentalmente desde tres perspectivas: política, jurídica y sensacionalista. Igualmente, como es costumbre en esta clase de cuestiones, a la operación se la ha bautizado con un nombre llamativo, de esos que sirven para que se sepa en un momento dado de qué se está hablando y a qué se refieren investigadores, políticos o periodistas, entre otros. He aquí que la denominación elegida ha sido “Caso Mediador”, en alusión a la persona que, al parecer y siempre presuntamente, servía de enlace entre los miembros de la trama, cuyos negocios, además de las mordidas o comisiones para procurar favores, se veían jalonados por prostitución y consumo de sustancias ilegales.
Para la Sección Española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) resulta desafortunada la elección del nombre en cuestión, toda vez que contribuye a confundir a la opinión pública, aplicado un término que se encuentra regulado legalmente y que corresponde a la profesión llevada a cabo por numerosas personas cuya labor consiste en ayudar a gestionar conflictos de forma pacífica y, por supuesto, dentro de la legalidad.
La mediación es un método extrajudicial de solución de controversias, regulado desde hace años en numerosos países tanto europeos como no europeos. En España existe una ley de mediación estatal que data de 2012 (la Ley 5/2012, de 6 de julio) y muchas comunidades cuentan con su propia regulación autonómica. Forma parte de la llamada cultura de la paz, un conjunto de valores que han asumido las legislaciones occidentales y que en nuestro país se plasmó en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, formando parte del objetivo 16 de la Agenda 2030 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, dirigido a promover sociedades pacíficas y facilitar el acceso a la justicia para todos.
Los juzgados y tribunales de nuestro país derivan cada día a mediación aquellos asuntos susceptibles de resolverse a través del diálogo y el consenso, no solo en cuestiones privadas civiles o comerciales, sino también penales, laborales o contencioso-administrativas.
Por su parte, la figura del mediador se encuentra sometida a estrictas nomas que reglamentan cómo ejercer profesionalmente dicha actividad para que, entre otras cosas, las mediaciones en las que intervenga desplieguen efectos jurídicos. Solo a través de una formación académica específica y rigurosa se consigue la habilitación para mediar, pudiendo acceder a los registros nacionales y autonómicos, así como desarrollar su actividad en centros públicos y privados. Además, todo ello se supedita a unas normas deontológicas que, en lo que a la Unión Europea respecta, fueron promulgadas en 2004.
Aplicar el término “mediador” a unos hechos que nada tienen que ver con lo que es la mediación y los profesionales que la ejercen perjudica gravemente su concepto y la adecuada noción que del mismo debe tener la ciudadanía, pues la persona que ha dado nombre a esa trama todo lo más habrá sido un recadero, comisionista, conseguidor o intermediario. En este sentido, la utilización de las palabras no solo es una convención para entenderse las personas, sino que está demostrado que ellas definen la realidad.
Como dice Carmen Guil, Presidenta de GEMME España, vivimos en una sociedad que actualmente se cuida mucho de emplear vocablos inapropiados o que pueden ofender a determinados colectivos. Hablar del “Caso Mediador” referido a una trama de extorsiones, resulta cuando menos inadecuado. Nos gustaría, pues, que no se confundiera a la gente llamando mediadores y mediación a personas y cosas que no lo son ni en el fondo ni en la forma.
La Junta Directiva de GEMME España
