LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE CONSUMO.
Si hay algo que caracteriza la práctica de los poderes públicos en los últimos tiempos es el principio pro consumatore.
La protección del consumidor constituye actualmente uno de los valores que ha de presidir las relaciones sociales y, en consecuencia, que aquéllos han de tener presente siempre, tanto en el ámbito nacional como -particularmente- comunitario. Prueba de ello son las numerosas normas y documentos de la Unión Europea (fundamentalmente, Directivas) y la doctrina seguida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a la hora de interpretar este ordenamiento jurídico comunitario, que, ante todo, pretenden salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores.
